Pues hallábame yo midiendo cargas administrativas (esto es, traduciendo a euros contantes y sonantes lo que la burocracia -la cumplimentación de papeleo que exigen las normas- detrae del bolsillo a empresas y ciudadanos), cuando me encontré con esta perla en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (el subrayado es mío):
Junto a estas cuestiones, se han incluido criterios que aporten una mayor objetividad en los procesos de baremación de las solicitudes presentadas en los procesos de concesión de subvenciones, acorde con la actual situación económica y la disminución de los créditos disponibles que la misma conlleva.
Merece ser esculpido ese mensaje, tal que así:
Y es que, efectivamente, los nuevos criterios contenidos en esa orden de 2013 comportan cambios con respecto a la orden de 2011, cambios que inciden en la equidad que ha de presidir la actuación pública. Pero lo hacen en el sentido de aumentarla, dado que, en la nueva norma, la renta del beneficiario pasa en general, en todas las líneas de subvenciones reguladas, a ostentar mayor importancia frente a otros criterios.