Congestión judicial en Andalucía y prioridades

/ ¿Políticas Públicas basadas en la Evidencia? /

Unos días después de escribir el post anterior bajo la etiqueta Economía Institucional, y que se apoyaba en datos del periodista Jorge Muñoz, me tropiezo en la Red con ésto, fechado el 17.09.2021 en Granada: la Junta «ha solicitado al Ministerio de Justicia la puesta en marcha de 12 nuevas unidades judiciales para Andalucía antes de que acabe el año [2021]».

Entre ellas, según leemos, un nuevo juzgado de lo Social para Sevilla y un nuevo juzgado de lo Social para Málaga. Uno aquí, uno allí.

Y fechado el 2 de octubre de este mismo mes, Diario de Sevilla -ah, la capitalidad- muestra la distribución por provincia de las actuaciones de la Junta (también lo hizo así, ¡ah! la capitalidad, ABC de Sevilla el 17 de septiembre), y el día 5 Málaga Hoy hace lo propio pero solo informa de lo que se refiere a la provincia malacitana.

Pero si los datos sobre congestión en 2020 (columna «Pendientes al final») son, como refleja la Memoria del TSJA en la imagen, los que siguen

es decir, en torno a 26000 asuntos pendientes en Sevilla y 16000 en Málaga ¿cómo determina la Junta de Andalucía las prioridades en su actuación? 

¿Cómo se justifica crear uno aquí y otro allí? ¿Cómo percibe la gravedad del problema de "deficiente prestación del servicio público de justicia en la jurisdicción de lo Social" la Junta de Andalucía? 

¿Y no sabe el gobierno central que Valencia tiene como 9000 asuntos pendientes MENOS que Sevilla, como mostramos en el post anterior? La ministra estuvo aquí en Sevilla hace pocos días.

Si es que se llevara a cabo una política-plan-programa de actuaciones-proyectos con base en la evidencia ¿no deberían dedicarse más recursos públicos a la resolución del problema aquí que allí?

¿No se deduce a la luz de la evidencia que el problema  seguirá existiendo en estos graves términos o se agudizará, tras esta intervención pública?

Además de no haber espacio material en Sevilla -y por eso la necesidad de una Ciudad de la Justicia, como disfruta Málaga desde 2007, creada por el anterior gobierno juntero- ¿es que no merecería un plan de choque específico esa enorme congestión hispalense -un problema ya desde 2016, con el anterior gobierno de la Junta, según hemos acreditado- para reducirla, y, sin embargo, hay simultáneamente que actuar para el vecino, que no la sufre en igual medida, creando el mismo número de juzgados nuevos de lo Social allí que aquí?

¿No se podría alquilar una nueva sede para Sevilla para los cuatro años que se tardará -si todo sale bien- en poner en marcha la primera fase de la Ciudad de la Justicia  hispalense, cerca de 30 años después?

Me recuerda este asunto a lo del Bachillerato Internacional (la educación, otro pilar de la Economía Institucional) como ya contamos en su momento: Sevilla disponía de un Instituto -el Martínez Montañés- que lo impartía -parece que inmerecidamente- desde 1989, y la Junta del cambio crea en 2019, de golpe, siete más.

No ocho. Siete: uno en cada provincia andaluza excepto en Sevilla. Para igualar.

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