/ El aparato judicial no funciona eficazmente en el hinterland económico sevillano /
Indica el periodista que los juzgados de lo Social de Sevilla son los más colapsados de la región, en función del número de asuntos pendientes existentes en cada provincia. A causa de ello se señalan a fechas de hoy asuntos a ser ventilados para dentro de un lustro en Sevilla.
[Si quisiera recibir nuevas entradas de este bloc de notas automáticamente en su buzón de correo, a la derecha se encuentra el mecanismo de suscripción. Los contenidos también se difunden mediante RSS, al pie de la página principal, Suscribirse a: Entradas (Atom)]
Postula la Economía Institucional (Neoinstitucionalismo) que el correcto funcionamiento de las instituciones es básico para el desarrollo económico.
Mal vamos, pues, por aquí. ¿Y cuánto de mal vamos?
Señala el periodista que los juzgados de Sevilla tienen, al cierre de 2020, más de 25000 asuntos pendientes. Lo abultado del número parece apuntarlo, sí.
La interpretación de los datos, en todos los ámbitos de estudio, sin embargo, exige comparación. Es esa comparación lo que proporciona idea cabal de la situación.
En este sentido, la situación del sistema económico sevillano es mucho peor que la de la provincia hermana de Málaga, la siguiente economía de la región: allá son "solo" 15000 los asuntos pendientes en sus tribunales de lo social, diez mil menos.
Siendo menor su economía, la diferencia en el volumen de asuntos pendientes a resolver por la jurisdicción social, empero, es desproporcionadamente grande: en Sevilla hay un 64% de asuntos pendientes más que en Málaga.
Evidentemente, el sistema y servicio público de justicia en lo económico funciona mucho mejor allá.
En 2020, ningún juzgado de lo social de Málaga superaba los 1500 asuntos pendientes; los de Sevilla rebasan todos, los doce, esa cifra.
De media, en Sevilla, cada juzgado tenía por resolver 2307 asuntos; en Málaga, de media, cada juzgado "solo" tiene 1212 (excluimos del cálculo anterior el juzgado nº 12 de Sevilla, con una anómala cifra muy baja en comparación con todos los demás, 490; entró en funcionamiento, precisamente, en 2020).
Como no creo que piense el lector que la capacitación y productividad de los jueces allá sea mayor que acá, la diferencia vendría justificada por la diferente dotación de medios, de capital público, de inversiones públicas en Justicia. No estamos hablando solo, pues, de que Sevilla -ciudad, área metropolitana y provincia más poblados y la mayor economía de Andalucía- no disponga de Ciudad de la Justicia, como sí disponen Almería, Córdoba y Málaga (ésta, desde hace catorce años, cuando se inauguró el entonces mayor edificio administrativo de Andalucía).
Ya contamos allá por 2016 en este blog que el CGPJ revelaba que la mayor tasa de congestión judicial de España en lo Social estaba en la provincia de Sevilla, en el post titulado «La impartición de Justicia y la Economía Institucional. Otros déficits en Sevilla». Cómo va a funcionar correctamente su economía, decíamos allí. 
La situación es aún más grave: Valencia, la economía referencia por arriba, solo tiene pendientes en torno a 17000 asuntos en lo social. Es decir, Sevilla aparece con 8000 asuntos pendientes más al acabar el año 2020 que Valencia
Sevilla es por tanto tercera de España, tras Madrid y Barcelona, en acúmulo de retraso judicial en lo económico; sin embargo, no es tercera en tamaño de su economía o de su población (por otro lado, la situación de las tres mayores provincias andaluzas no es muy favorable, como mostramos en la tabla de más abajo).
Cómo no ha de estar atascada la economía hispalense. Absolutamente necesitada y lastrado su desarrollo y crecimiento. Y agraviada en bienestar su población.
La AIReF lo mostraba en su informe de Revisión del gasto público en el plano de las infraestructuras de transporte, como en multitud de ocasiones venimos contando. Los datos de este post lo muestran en otro ámbito: infraestructuras del servicio público de justicia.
Fíjese, por ejemplo, que Málaga tiene 13 juzgados de lo Social; Sevilla, 12, y uno de ellos, nuevo de 2020; Valencia tiene 18, datos todos que ha conocido este bloguero al consultar las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (las tiene usted en el enlace en formato Pc-Axis).
En otra ocasión recordábamos cómo la Comisión Europea señalaba que «la calidad de las instituciones tanto gubernamentales como judiciales es prerrequisito para la creación de un crecimiento sostenible y el empleo», amén de para el bienestar de un país, en su Calidad de la Administración Pública -traducido por la extinta AEVAL.
El artículo de Jorge Muñoz con el que comenzábamos «Récord de retrasos: Los juzgados de lo Social fijan ya juicios para 2026» nos sirve como excusa para colocar en la Columna de las evidencias de la derecha del blog el mapa de España que elaboró el CGPJ, la alta institución judicial del país, y tan gráficamente lo expresa.
[Si quisiera recibir nuevas entradas de este bloc de notas automáticamente en su buzón de correo, a la derecha se encuentra el mecanismo de suscripción. Los contenidos también se difunden mediante RSS, al pie de la página principal, Suscribirse a: Entradas (Atom)]
Para estar al tanto del hoy y el ayer del hinterland económico hispalense, referenciamos eventos y noticias en http://bit.ly/SevillaCapitalEconómica
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por sus comentarios. Por favor, cíñase al asunto y muestre su cortesía y civismo para con los demás.